La universidad se muere, y Bolonia la entierra

Hace unos meses, en una de mis diatribas semanales, y tras una carga en profundidad abisal contra la selectividad y la universidad que la ampara, Pablo Arce dejaba un comentario, irónico por supuesto, dándome la bienvenida al curioso reino animal de la universidad. Se quedó corto. Esta semana la estrategia del bogavante planteaba una defensa del docente que entiendo bien argumentada, pero estéril. Se que no esta bien a mi edad caer en el catastrofismo ni tirar la toalla, pero la realidad es tozuda. Empiezo segundo curso en la UC, cada vez entró más en contacto con las veteranas y me introduzco más en esa maquinaria oxidada de la representación estudiantil. Cuanto más veo, más me deprimo.

Es cierto que no todo funciona mal, y que hay mucha gente empeñada en hacer las cosas de forma razonable. Pero el conjunto es caótico. Con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) suponíamos que podríamos alcanzar un marco general de estudios y formación de nivel universitario que, al margen de modificar la nomenclatura, transformaría un régimen rígido y poco adaptado a la realidad laboral e investigadora, en enseñanzas más abiertas, adaptadas y flexibles, favoreciendo y dando recursos al alumno para construir su itinerario, su perfil.
Tiempo después nos vamos cayendo del guindo los últimos románticos. Pese a que organismos como la ENECA o el SUG deberían haber evitado duplicidades en las titulaciones, garantizado la existencia de itinerarios claros y grados homologados y bien estructurados, nos encontramos en un panorama muy distinto. A día de hoy es difícil aclararse sobre un listado de titulaciones oficiales en España. La página del MEC ofrece un listado sin actualizar donde aun conviven diplomaturas y licenciaturas (que en teoría ya no se pueden cursar) con grados. Títulos educativos que conducen (teóricamente) a iguales niveles de formación (vamos que son la misma carrera) aparecen en distintos lugares de España con denominaciones diferentes, o iguales carreras, con idéntico nombre, con planes de estudio tan divergentes que un traslado resulta imposible o tan extremadamente caro, en términos de repetición de asignaturas (si repetición, pues al no convalidarte créditos debes volver a hacer lo mismo), que la cacareada movilidad se hace inalcanzable. Movilidad que es impensable para muchos de los que han decidido, o se han planteado acogerse al nuevo sistema y abandonar sus licenciaturas, ante la falta, no solo de convalidación (igual una asignatura o dos por año, con lo que es volver a empezar), sino la nula información de las instituciones. Ni secretarias, ni defensor del estudiante, ni vicerrectorado ni delegaciones de estudiante. Nadie sabe nada, o si lo saben las versiones no coinciden que es peor.
El viejo dicho de que es más fácil cambiarse de país que de provincia cobra aquí toda su sangrante dimensión.

La pasada semana, con el curso ya empezado, la consejería de educación de Galicia, por poner un ejemplo, comenzó el estudio para crear un decreto que controle las duplicidades de títulos, los problemas de convalidación, así como regular los criterios para crear y suprimir titulaciones. Cuando lo haya acabado de estudiar, ya estaremos todos en el Eden, y otra comunidad empezará el mismo proceso, pero en sentido contrario.
Un defecto este de la coordinación de títulos y programas, que se extiende, como todo buen estudiante de PAU sabe, a los procesos de admisión. Las listas no están unificadas (véase el follón de medicina, con gente apuntada en cincuenta listas a la vez, con lo que nunca sabes donde estas ni en que puesto, ni si factible que te admitan, hasta iniciado el curso), los parámetros para la prueba especifica de PAU, la que permite subir nota examinándose de áreas vinculadas a tus estudios no son los mismos en toda España, y la información para que tu, como estudiante de bachillerato, elijas y te organizas esta desperdigada, y es cambiante, mes a mes, con lo que nunca sabes a que carta quedarte.
Algunas comunidades autónomas están poniendo en marcha agencias para controlar el sistema de acceso, regular pruebas y titulaciones, garantizar la viabilidad de los estudios y dar estabilidad al sistema. Pero eso, lo hacen algunas, no todas, con lo que la unidad de derechos se resiente, hasta sucumbir.

Muchos alumnos se han quedado fuera en este curso de sus primeras opciones de estudio. Algunos por aspirar a grados con notas de corte siderales, otros porque moribundo en las listas de espera decidieron coger otro tren, y luego el suyo paso, pero no sabían como anular matriculas y cambiarse en medio de ese laberinto que conforma la burocracia palatina, y que nadie o casi nadie te explica pues es más importante en el cole estudiar ciudadanía, religión o iniciación a la investigación. Otros están fuera del sistema porque en septiembre no te admiten si apruebas PAU y bachillerato tras el verano. La pregunta es obvia. ¿Por que mantenemos un sistema de convocatorias en septiembre que es inútil, que retrasa el comienzo del curso universitario, que hace que haya alumnos que se incorporan en noviembre y que, sin embargo, deja con la miel en los labios a los que, incluso con nota adecuada (porque la subieron en esa convocatoria, por ejemplo), no han entrado en listas entonces?. ¿Por que?

Pero los localismos, los intereses políticos de cada comunidad, los egoísmos profesionales y las luchas entre departamentos son, ya se ve, más importantes. Solo así se explica, que junto a la caótica disposición de planes y titulaciones, nos encontremos ante situaciones tan absurdas como que haya títulos que se imparten en tres ciudades de un mismo distrito universitario, o que facultades y escuelas complementarias estén a decenas de kilómetros de distancia, como lo que si alguien pretende cursa créditos de libre configuración, no siempre pueda por un problema, no ya de horarios, sino de kilómetros.

Pero la ineficiencia universitaria no solo alcanza a los grados. Tampoco los master se salvan de la quema. Hay zonas donde hay más master que alumnos. Hay territorios donde, y mira que se negó, la oferta esta marcada y al servicio de las empresas, que también debe ser así, pero no solo. Hasta el punto de que algunos rectorados establecen la necesidad de tener financiación externa garantizada. La misión de la universidad, sus objetivos no son los mismos que los de la formación profesional, ni debe mirar solo al mercado de trabajo a corto plazo. Por no extendernos en nuestros fines, la investigación es un reto, y la universidad pública debe atenderlo. Por eso debemos tener títulos en todas las ramas del conocimiento, pero con claridad.

Y ese es otro campo donde el localismo gana. Cada universidad ha tendido a desarrollar programas de investigación e infraestructuras propios. Herramientas pequeñas o, en el mejor de los casos, dependientes de organismos y alianzas internacionales, cuyos beneficios poco van a dejar en la economía y la sociedad europea. Para ser un país puntero y evitar la fuga de estudiantes cuya formación ha costado años y millones hay que apostar por aprovechar nuestras sinergias y potencialidades. Hay que impulsar grandes infraestructuras, si queremos estar en primera división, pero ese coste debe ser asumido por varias universidades españolas, y sus beneficios también. Pero muchas de esas universidades, complementarias y potencialmente colaboradoras, son rivales. Porque, trabajar en equipo requiere sacrificios, pasos para compartir y crear equipos variados y de origen heterogéneo. Además, la distancia da independencia, y eso no se quiere, los departamentos quieren mantener el control de sus programillas y atar en corto las tareas de dirección.

A nadie extraña que un medico no sea elegido entre sus pacientes, o un entrenador de baloncesto entre sus jugadores, porque impide la imprescindible independencia, y porque no es motivo suficiente estar enfermo para saber curar. Ese razonamiento no es valido para la universidad pública, para la que lo que importa no son las necesidades sociales, sino la satisfacción de intereses internos (mantenimiento del peso de los grupos de presión, departamentos, colectivos, etcétera).
Hasta ahora se ha defendido esa situación bajo el peregrino argumento de la necesaria autonomía universitaria. Pero con eso nos hemos cargado el gobierno eficiente. Y la llegada de estudiantes a los órganos de gobierno nos ha sacado algo del bache. Algo. Porque muchos miembros de los equipos rectorales están allí para ayudar, otros tienen buenas intenciones, pero carecen de apoyo, tiempo y recursos, y otros, directamente van a medrar, y han salido con los votos de cuatro amigos, ayudándose en la proverbial pasividad y desidia del alumnado en su gobierno. Resumen, un gobierno universitario retorcido, burocratizado, críptico, complejo y sobredimensionado que vive de silencios comprados a golpe de subvención para asociaciones como “el club de los ositos amantes de la aurora boreal”, mientras mentes privilegiadas mendigan con treinta años una beca.
Y no dudo que en los órganos de gobierno e investigación haya grandes profesores e investigadores. Pero eso no tiene nada que ver con que no tengan ni experiencia directiva ni formación en gestión. Mucho deberíamos aun aprender de modelos como el anglosajón, donde responsabilidades académicas y educativas están separadas y especializadas

Y si el factor humano es importante, el material también. Poco podemos investigar, crecer y formar en organismo poco habituados a mezclarse y pedir ayuda a la sociedad que les rodea. Poco dados a intercambiar docentes e investigadores, a compartir equipos. Un erasmus de alumnos debería así, contar con una mayor movilidad de equipos, capaces de desplazarse de un campus a otro. Pero hay que gente que considera su plaza sagrada e intocable, no puede irse seis meses y dejarla en manos de un mangante. Y, además, eso obligaría a las universidades a abrir centros de investigación en el propio campus, apartamentos para profesores y posgrados, laboratorios y medios materiales que son la única manera de garantizar la libre circulación de conocimiento, estudiantes y profesores universitarios.
Pero no hay equilibrio entre gastos de gestión e inversión, no se ha conseguido equilibrar residencias y lugares de investigación y desarrollo, no se han abierto las autoridades a soluciones flexibles, como crear convenios con la iniciativa privada, que permita que convivan colegios mayores con residencias privadas promovidas y gestionadas sobre suelo público o privado. Eso sin contar que muchas instalaciones están usadas por profesores o instituciones desfasadas de forma vitalicia, con lo que es un capital físico muerto. O que el diseño de algunas facultades impide su ampliación o modernización (algunas de Bilbao están en medio de un monte), o que los horarios de cierre de los campus ahogan toda vida cultural en ellos.
En fin, continuaremos remando al viento, que es lo que enseña el Quijote, el manual de instrucciones de un país onírico.